El gobierno nacional abrió una investigación a varias empresas cementeras por supuestas violaciones a las leyes de competencia. En particular, la autoridad presumió la existencia de coordinación de las empresas en materia de precios con el objeto de inhibir la sana competencia en el mercado.

En este contexto, a solicitud de una de las empresas involucradas, se elaboró un estudio estadístico (y estructural) de la evolución de los precios del cemento a fin de identificar patrones de comportamiento y, así, discernir si esa evolución de precios es consecuencia de una dinámica natural del mercado o, en su defecto, es el resultado de una posible práctica anticompetitiva.